¿Cómo hacer reformas efectivas contra el matrimonio infantil en Cuba? (II)

matrimonio infantil
Ilustración: Yissel Álvarez

 

En América Latina las cifras conectan una mayor incidencia del matrimonio infantil en niñas que viven en áreas rurales (casi el doble que en áreas urbanas) de hogares empobrecidos, con menor escolaridad (51 por ciento tenía ninguna o primaria), así como las que pertenecen a comunidades indígenas o afrodescendientes.

Para Cuba, un análisis similar de la fecundidad adolescente, que en más del 70 por ciento se produce dentro de uniones tempranas, podría confirmar las tendencias regionales: los factores diferenciales corresponden a niñas no blancas, de zonas rurales y que tienen entre 0 y 6to grado de escolaridad.

Así lo refleja “Fecundidad adolescente: apuntes actuales”, una publicación de 2017 de la investigadora Matilde Molina Cintra, del estatal Centro de Estudios Demográficos, que compara las estadísticas nacionales del período 1990-2014 e incluye un estudio de caso realizado en 2015 en el municipio de Campechuela, de la provincia Granma, en el oriente cubano.

La autora encontró que el porcentaje mayor de madres vive en zonas urbanas pero las madres en áreas rurales suelen ser de la franja más joven, de entre 10 y 14 años.

Molina Cintra reseña que la relación entre los factores económicos y la fecundidad adolescente se mostraba diferente a nivel regional-territorial. Es decir, una mayor fecundidad se expresaba en la región con más deterioro económico.

Los índices de escolaridad muestran también un interesante caso de estudio. Aunque en el país la educación es obligatoria hasta el noveno grado, se comprobó que la incidencia es mayor entre quienes tienen menos de 6to grado de escolaridad.

“Esto pone en desventaja a las mujeres adolescentes, pues constituye una traba para ascender socialmente, dado el nivel medio de escolaridad alcanzado en Cuba, de casi onceno grado”, afirma.

Para la experta, “no se logra con efectividad el carácter intersectorial del Programa Nacional de Atención Integral a la Salud del Adolescente. Esto limita que se articulen armónicamente diversos sectores de política (educación y empleo, principalmente), vinculando la prevención con la atención”.

Sobre el acceso desigual a los servicios, en el caso de las zonas rurales ha incidido negativamente el proceso de reordenamiento de las instalaciones de salud pública que inició en 2010, siendo organizados por criterios como la densidad poblacional para optimizar los recursos humanos y materiales, lo que en algunas zonas alejó el acceso.

Tales cambios incluyeron los servicios de atención primaria –consultorios y policlínicos–, en los cuales se llevan los programas de planificación familiar y servicios como la interrupción voluntaria del embarazo.

También se constataron dificultades con el suministro y la satisfacción de la demanda de los métodos anticonceptivos, lo cual, según el estudio, no es un hecho aislado en el área analizada.

La escuela se reafirma como una de las vías a través de la cual en ocasiones se recibe educación sexual. Pero no siempre las y los profesores están preparados en temas de salud sexual y reproductiva, por lo que solo abordan los aspectos biológicos.

En 2019, de acuerdo al anuario nacional estadístico, la provincia de Granma exhibía la tasa de fecundidad adolescente más alta del país: 73,9.

Las estadísticas recogidas en estos anuarios públicos permiten seguir las tendencias con cierta sistematicidad en casi todas las dimensiones: lugar de residencia, escolaridad, a excepción del color de la piel, una carencia que también se presenta en otros registros.

No obstante, los datos del último censo (2012) referente a color de la piel, no apuntan a una relación diferencial que conecte a las personas no blancas y los índices de baja escolaridad o una mayor incidencia de las uniones tempranas.

Al menos en el momento de la encuesta, en el grupo de 12 a 19 años quienes se declaraban casadas, unidas, divorciadas, separadas o viudas era de un 23,4 por ciento entre personas blancas del sexo femenino y de 22.9 en niñas y adolescentes negras o mestizas (categoría declarada en la encuesta desde el criterio de autopercepción).

Donde sí parece establecerse una relación diferencial que apunta a una mayor vulnerabilidad son las variables de empobrecimiento y marginación en este grupo poblacional. Aunque resulta complejo dimensionar su alcance con los datos disponibles.

“No existen estadísticas actualizadas sobre pobreza en Cuba y los fenómenos de vulnerabilidad y marginación son difíciles de ser medidos”, indica un estudio de la investigadora María del Carmen Zabala Argüelles, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).

Los últimos resultados de carácter público del estatal Instituto Nacional de Investigaciones Económicas, estimaron que en 1996 la población urbana en situación de riesgo -aquella en peligro de no poder cubrir alguna necesidad básica- era de un 14,7 por ciento.

El perfil de este grupo poblacional incluía a las personas de la tercera edad, mujeres, personas con nivel educacional primario y medio, desocupados, trabajadores estatales y hogares de mayor tamaño.

En 1999 se estimó un 20 por ciento en esta categoría, y las mujeres y familias negras y mestizas constituían los hogares de más bajos ingresos.

Los estudios en el área de pobreza, vulnerabilidad y marginación señalan como factores determinantes el monto de los salarios y pensiones y la recepción de remesas del exterior.

En relación al empleo, se presentan limitaciones de ofertas de trabajo mejor remunerado en algunos territorios, fragilidad del capital social, cultural y económico de las familias para movilizar posibilidades de inserción laboral, trayectorias laborales caracterizadas por el desempeño de ocupaciones de bajo estatus o calificación, inactividad o inestabilidad laboral, y permanencia en sectores no emergentes de la economía.

Sobre el último punto son escasas las personas negras que poseen negocios privados entre los más lucrativos, y en varias ocasiones la sociedad civil ha señalado que  las mujeres negras y mestizas son mayoría en zonas de empleo informal como la venta ambulante, cuidado de personas adultas mayores, cuidado de baños, servicio doméstico y otras actividades de sobrevivencia.

Las brechas etarias, de género y por color de la piel identificadas se conectan, según los estudios, con otras mediaciones como el inicio temprano de roles maternos y paternos.

Un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que se sustenta en datos censales, apunta que la población urbana con privación severa o moderada en hacinamiento de la vivienda, en la Cuba de 2011 era de 12.8 por ciento entre la población afrodescendiente, y de 7.1 entre la percibida como no afrodescendiente.

Esta misma relación era de 16,4 y 9,2, respectivamente en las zonas rurales; lo que descubre una amplia brecha a pesar de que la mayor concentración de la población negra se ubica en urbanizaciones.

La limitación a las posibilidades de una movilidad ascendente no solo conecta con prácticas nocivas como el matrimonio infantil, estrecha los círculos de violencia y aleja la restitución.

Estas intersecciones que marcan franjas de vulnerabilidad requieren políticas y programas con la misma mirada.

Cuando se revisa el panorama regional, los acercamientos han sido diversos. Sin embargo, se señala que las políticas contengan medidas, estrategias y acciones dirigidas específicamente a la población afrodescendiente, e identifiquen las causas diferenciales de la pobreza en esos grupos.

Esta perspectiva fue consensuada por los gobiernos en la Tercera Reunión de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe. También fue incluida como un principio central de la Agenda Regional de Desarrollo Social Inclusivo que se aprobó en esa ocasión.

Respecto a la brecha étnico-racial en la región que marca una fecundidad adolescente, el informe de la CEPAL 2020, advierte:

“Las mayores desigualdades relativas se observan en el Brasil y el Uruguay, lo que pone en evidencia que incluso países que han implementado políticas de salud integrales y universales para la atención de jóvenes, incluidas aquellas dirigidas a la reducción del embarazo en la adolescencia no deseado, no han sido capaces de terminar con la desigualdad étnico-racial. Las débiles respuestas estatales para combatir la violencia, los escasos servicios de educación sexual en los servicios de salud que incorporen la mirada étnico-racial y el deterioro de los servicios públicos en los territorios de mayor concentración de personas afrodescendientes son algunos de los factores críticos que violentan la vida de las mujeres, niñas, adolescentes y jóvenes que forman parte de esta población”.

En el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, la medida prioritaria 95 se refiere a “garantizar el ejercicio del derecho a la salud de las personas afrodescendientes, en particular la salud sexual y la salud reproductiva de  las  niñas,  adolescentes  y  mujeres, considerando sus especificidades socioterritoriales y culturales, así como los factores estructurales, como el racismo, que dificultan el ejercicio de sus derechos”.

Sobre cómo se comportan estos problemas y cuál es el enfoque de las políticas en Cuba, no se encontraron estudios durante la elaboración de este reporte. Tampoco se conoce cómo será afrontado desde políticas públicas como el Programa de Enfrentamiento al Racismo, o el Programa de Adelanto de las Mujeres.

En el último caso, refiere la acción más reciente del estado cubano para responder a la desigualdad de género y la violencia machista, aunque lo que se ha difundido hasta el momento son sus ejes de incidencia, pero sin detallar las estrategias o cuándo serán implementadas.

No basta con que existan las políticas públicas, su aplicación tiene que ser fiscalizada y renovada. La integración de la sociedad civil en este proceso es esencial.

Un artículo de 2021 de la investigadora Geydis Fundora sobre las políticas públicas y sus efectos en las desigualdades en Cuba (2008-2018), alerta que las políticas de trabajo, educativas, de salud y de asistencia social, han tenido un impacto más negativo que positivo sobre las brechas de género (exceptuando la educativa), etaria-generacional, territorial, por clase social, por nivel económico, por color de la piel, por lugar de procedencia, y discapacidad.

Aunque la investigadora advierte que los resultados pueden bien responder a la ineficacia de la política en sí o a otros factores como que las investigaciones analizadas se centran más en hallar los problemas para aportar soluciones; es una alerta roja sobre cómo se diseñan, implementan y fiscalizan los programas en relación con la

***

El matrimonio infantil es una forma de violencia basada en género, que también aumenta la probabilidad de que una niña experimente violencia por parte de la pareja en algún momento de su vida, sin tener los recursos para buscar la ayuda adecuada.

Las cifras regionales hasta 2016 así lo confirman. Tanto la naturalización de la violencia de pareja (quienes creen que se justifica en determinados contextos) como su incidencia, era mayor entre quienes habían estado en una unión estable ante de los 18 años.

Otras estadísticas refieren que en América Latina y el Caribe, cuatro de cada 10 niñas de 15 a 19 años han sufrido violencia de pareja.

La dependencia económica, agravada por el abandono escolar, así como la diferencia de edad con sus parejas, dificultan aún más las posibilidades de salir del ciclo.

Por esta razón en sus recomendaciones para acompañar los procesos de reforma legislativas sobre prácticas nocivas como el matrimonio infantil, los organismos de Naciones Unidas apuntan que estos deberán incluir mecanismos para procurar la diligencia debida.

Esta se entiende como la obligación de los Estados de prevenir la violencia o las violaciones de los derechos humanos, proteger a las víctimas y los testigos de las violaciones, investigar y castigar a los responsables y facilitar el acceso a la reparación.

Además, todas las iniciativas de elaboración y enmienda de leyes penales deben ir acompañadas de medidas y servicios de protección para las mujeres afectadas y quienes corren el riesgo de verse sometidos a prácticas nocivas, apunta el informe.

Los refugios o casas de acogida para mujeres en situación de maltrato y sus hijas e hijos menores de edad, son espacios de protección de la vida, la restitución de derechos y atención especializada, que no están disponibles en Cuba.

También se aconseja que las legislaciones incluyan órdenes de alejamiento o de protección obligatorias para proteger a quienes corren el riesgo de sufrir prácticas nocivas, vele por su seguridad y establezca medidas para proteger a las víctimas frente a posibles represalias.

La transversalización de género en todos los cuerpos jurídicos es un paso imprescindible. Sin embargo, la experiencia de leyes específicas contra la violencia además de articular recursos y estrategias, define compromisos para los actores cívicos, políticos y jurídicos que pueden otorgar una mayor organicidad y alcance.

En noviembre de 2019, 40 ciudadanas cubanas presentaron una solicitud de Ley Integral contra la Violencia de Género a diputados, que no fue incluida en el cronograma legislativo previsto por el parlamento hasta 2022.

Durante la pandemia por covid-19, el activismo feminista de varios países ha llamado a declarar un estado de emergencia por violencia machista, pues las cifras de feminicidios e intento de feminicidios continúan aumentando, algo que también se reporta en los observatorios independientes en Cuba a falta de cifras oficiales actualizadas.

El reporte “Matrimonio Infantil y Uniones Tempranas en América Latina y el Caribe en contextos humanitarios y de crisis” (2020), recomienda a los estados asumir que la violencia de género está ocurriendo y es un problema de protección grave y potencialmente mortal, independientemente de la presencia o ausencia de evidencias concretas.

Remarca la importancia de declarar a los refugios de mujeres como servicios esenciales, para garantizar su funcionamiento.

Se necesitan, además, aclara el informe, datos e indicadores desagregados por sexo y edad que permitan identificar las necesidades y capacidades de las niñas y adolescentes, así como realizar una evaluación rápida enfocada a programas y políticas.

También se recomienda la difusión estratégica sobre el acceso a los servicios básicos y la denuncia de la violencia de género, a través de medios accesibles y seguros para las supervivientes, como mensajes de texto, páginas apropiadas para las niñas y adolescentes, o de estrategias específicas en farmacias u otros lugares accesibles en caso de confinamiento.

El apoyo económico (transferencias económicas, la distribución de alimentos y productos básicos, incluidos los insumos para manejar la menstruación con dignidad) resulta clave para que las familias no recurran al matrimonio infantil como una estrategia de supervivencia. También se insta al apoyo para las niñas y las adolescentes casadas o unidas, a través de canales seguros.

 

*******

Consultas:

  • Situación de las personas afrodescendientes en América Latina y desafíos de políticas para la garantía de sus derechos. Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2017. (CEPAL) https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/42654/S1701063_es.pdf
  • Afrodescendientes y la matriz de la desigualdad social en América Latina. Retos para la inclusión. 2020 Este documento fue preparado por CEPAL y UNFPA.

https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/46191/S2000226_es.pdf

  • EL COLOR DE LA PIEL SEGÚN EL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDAS DE 2012.ONEI 2016. http://www.onei.gob.cu/sites/default/files/publicacion_completa_color_de_la_piel__0.pdf
  • Prácticas Nocivas: Estudio sobre el matrimonio infantil y las uniones precoces en Ecuador. CARE Ecuador
  • Matrimonio Infantil y Uniones Tempranas en América Latina y el Caribe en contextos humanitarios y de crisis. 2020
  • “Las investigaciones sobre pobreza, vulnerabilidad y marginación en la cuba actual. Consensos y propuestas a la política social”  de la investigadora María del Carmen Zabala Argüelles. Flacso 2021

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

A %d blogueros les gusta esto: