¿Cómo hacer reformas efectivas contra el matrimonio infantil en Cuba? (I)

Ilustración: Yissel Álvarez

El matrimonio infantil es una práctica nociva persistente en América Latina y el Caribe, la única región del mundo que no ha variado sus índices de uniones tempranas en más de dos décadas, que afectan a una de cada cuatro niñas.

Las reformas institucionales y jurídicas para reducir su incidencia aún son insuficientes. Aunque ya son varios los países que cuentan con legislaciones que establecen los 18 años como límite legal para contraer matrimonio, especialistas aclaran: no es suficiente.

Por recomendación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), las reformas deben basarse en los estándares establecidos por las Convenciones de Derechos del Niño, Niña y Adolescentes y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Esto implica la construcción de sistemas de protección de derechos y políticas públicas con presupuestos.

Entre las razones que validan este enfoque, figura que la mayor parte de las uniones no son formalizadas ante la ley, algo que se ha acrecentado durante la pandemia de la covid-19.

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Sybel Martínez Reinoso es doctora en jurisprudencia, especialista en Derechos Humanos y diplomada en litigios estratégicos en niñez y adolescencia en Ecuador.

En este país, el 19 de junio de 2015 se aprobó un nuevo Código Civil, que dispone en su artículo  83 que “las personas que no hubieren cumplido dieciocho años no podrán casarse”.

Para Martínez, el hecho de que haya un aumento de las uniones infantiles forzadas, a pesar de la nueva ley, es una clara evidencia de que los cambios legislativos solo son efectivos cuando se acompañan de fuertes políticas públicas.

Si en 2012 la incidencia del matrimonio infantil en el país era de dos por ciento, para 2016 habían aumentado las uniones de este tipo hasta tres por ciento, apunta la especialista, con base en datos de una encuesta nacional.

“Ahora con la pandemia el problema se ha exacerbado. No tenemos la capacidad de dimensionar lo que ha sucedido durante esta época en que niñas y niños siguen confinados. Por eso, no se trata de hacer solamente una reforma sino de diseñar e implementar políticas de prevención ante este flagelo violento”, continúa.

“Son necesarias estrategias enfocadas a las y los adolescentes, su salud sexual y reproductiva, la prevención de embarazos no deseados, la educación sexual integral, pensada como una herramienta para evitar la violencia sexual y no un acelerador a las relaciones sexuales, como se piensa socialmente que es algo con lo que luchamos muchísimo”, asegura Martínez Reinoso.

Organismos internacionales apuestan a una educación sexual integral que no solo capacite para evitar infecciones de transmisión sexual y embarazos no deseados, sino que también enseñe sobre derechos humanos, el consentimiento y cómo entablar relaciones respetuosas. Deben lograrse planes de estudios sólidos, que cuestionen las relaciones de poder desigual basadas en género, de manera que promuevan la masculinidad positiva en los niños e incidan en la prevención de la violencia hacia las mujeres y las niñas.

Sin embargo, el desarrollo de estos programas en la región se ha calificado de pobre. Incluso cuando los Ministerios de Educación exigen que se dicte este tipo de educación en las escuelas, los presupuestos para entrenar al personal docente no se asignan o chocan con la resistencia del profesorado, que alega falsos criterios como que estos contenidos estimularán la actividad sexual entre estudiantes.

Esta también es una de las razones –sin fundamento– aludidas por padres y madres que se oponen a la educación sexual, a pesar de los altos índices de embarazo en edades tempranas reportados en el área.

En América Latina, más del 22 por ciento de las niñas han tenido su primera relación sexual antes de cumplir los 15 años, que figura entre las tasas más altas del mundo respecto a la iniciación sexual. Y la tasa de natalidad adolescente (número de partos por cada 1000 niñas de 15 a 19 años), era de 61 en 2020.

El riesgo de enfrentar un embarazo en edades tempranas tiene a su vez una conexión directa con el matrimonio infantil. El 86 por ciento de las mujeres que se habían casado o vivían en una unión libre antes de los 18 años habían tenido un hijo antes de los 20, a diferencia del 34 por ciento de las que se casaron después de haber cumplido 18 años, apuntan datos de 2019 del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

En otros casos, la causalidad se invierte y la primera unión es resultado de un embarazo no deseado. La desigualdad de género, también reproducida en la familia y la comunidad, obliga a las adolescentes a contraer matrimonio o unirse si quedan embarazadas, en la mayoría de los casos con un hombre mayor.

Las diferencias de edad suelen rondar entre los 8 y 10 años.

En ocasiones, esta práctica incluso encontraba respaldo en la ley. En El Salvador, el Código de Familia establecía hasta 2015 que: “…los menores de dieciocho años podrán casarse si siendo púberes, tuvieren ya un hijo en común, o si la mujer estuviere embarazada”.

Garantizar los derechos sexuales y reproductivos de adolescentes, encuentra diversos obstáculos institucionales, legales y culturales en la región.

En 2014 se realizó un estudio que abarcó 17 países de América Latina sobre barreras legales para el acceso de adolescentes y jóvenes a los servicios de salud sexual y reproductiva (SSR) y VIH, con el auspicio del Fondo de Población (UNFPA) y otras entidades de ONU.

Especialistas recomiendan eliminar el consentimiento de progenitores o tutores legales para el acceso de los servicios e insumos de SSR y VIH, al menos desde la edad en que las legislaciones consienten el inicio de las relaciones sexuales.

La capacidad jurídica, otorgada por emancipación a través del matrimonio, puede considerarse por las y los adolescentes como una ventaja ante la posibilidad de acceder a los servicios de salud sin que medie el consentimiento de sus progenitores o tutores.

De igual forma, se proponía equiparar la edad de aprobación para las relaciones sexuales, sin distinción de género u orientación sexual, e impulsar proyectos de ley de educación integral en sexualidad, adaptada a cada edad.

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Las estadísticas de Cuba reflejan una realidad que, al menos en cifras, no está muy distante de la regional.

Su índice de uniones tempranas es de 26 por ciento, según datos recogidos por ONU entre mujeres de 20 a 24 años. Mientras el inicio de las relaciones sexuales se ubica sobre los 15 años.

Respecto a la fecundidad adolescente, la tasa de partos es de 52 por cada mil, una cifra considerada alta y que no ha fluctuado significativamente en las últimas dos décadas. De hecho, el 16 por ciento  de los nacimientos en Cuba lo aportan madres menores de 20 años. A esto se suma el número de interrupciones voluntarias del embarazo, que es legal y gratuito en la isla caribeña.

En 2019, solo las tasas de aborto inducido medicamentoso fueron de 6.4 para las niñas entre 12-14 años y de 37.8 para el grupo comprendido entre los 15 y 18 años.

Estos números conectan, entre otros factores, con la falta de preparación a la que llegan las niñas a su primera relación sexual. Investigaciones del estatal Centro de Estudios Demográficos ubican la edad de uso de un método anticonceptivo por primera vez alrededor de los 16 años, que es superior a la de la primera relación sexual.

La isla caribeña también se encuentra entre las naciones cuya legislación admite el matrimonio de menores de 18 años con el autorizo de padres y tutores legales, siempre que se haya cumplido 14 años para el sexo femenino y 16 para el masculino.

Se espera que el actual Código de Familia (1975) sea modificado por referendo popular antes de concluir 2021 y que, entre otros cambios, elimine esta excepción sobre la edad e incluya el matrimonio igualitario.

En relación a esta última restitución de derechos, UNFPA en su diagnóstico de 2014 advierte que la adecuación legislativa debe suprimir cualquier diferencia que pudiera existir por razón de sexo u orientación sexual. Algunos de los países en los que se ha aprobado el matrimonio igualitario establecieron, de forma discriminatoria, una edad mínima para parejas heterosexuales y otra para las homosexuales.

Por otra parte, estas transformaciones en el derecho de familia, no son las únicas necesarias para garantizar los derechos sexuales y reproductivos.

Cuba no fue incluida en 2014 en el análisis de UNFPA. No obstante, el Ministerio de Salud Pública se planteó realizar un estudio similar, que inició en 2015 y su última actualización concluyó en 2019, tras la reforma constitucional en la Isla: “Diagnóstico sobre incidencia de legislaciones y políticas en el acceso de adolescentes y jóvenes a servicios de salud sexual y reproductiva en Cuba”.

Entre las barreras detectadas está la inexistencia de un rango etario para ser considerado niño, niña o adolescente; la ausencia de un catálogo de derechos de la infancia y la adolescencia, con específica mención a los derechos sexuales y reproductivos, así como la indefinición respecto a cuál es la entidad encargada de coordinar y supervisar la protección de los derechos de menores de edad.

En el último caso, esta limitación también puede incidir en el análisis sistemático de estos grupos poblacionales o para implementar políticas integrales como las que se necesitaría para incidir en las cifras de uniones tempranas.

Aunque el país cuenta con el Plan de Acción Nacional para la Infancia, la Adolescencia y sus Familias que resulta una norma guía, el informe señala que se conoce poco sobre su contenido y no se tiene constancia de que se haya llevado a cabo alguna valoración relativa a su aplicación y evaluación.

Las políticas públicas de salud sexual y reproductiva que se expresan a través de los diferentes programas de la cartera sanitaria no tienen suficiente espacio dedicado a la prevención y atención de la violencia e información sobre abusos sexuales. Incluso, algunas de esas políticas no se encuentran contenidas en una norma legal.

También se apunta que “el reflejo normativo-jurídico, y en los distintos programas, del enfoque de educación integral de la sexualidad es insuficiente y el existente centra su mirada en los riesgos de la salud de adolescentes y jóvenes, sin inclusión de lo emocional, lo afectivo y de su enfoque positivo”.

Esto pudiera estar en camino de modificarse. El 26 de febrero de 2021 se firmó la Resolución 16 de 2021 del Ministerio de Educación para la aprobación del “Programa de educación integral en sexualidad con enfoque de género y derechos sexuales y reproductivos en el sistema nacional de educación”, en sustitución del que se había establecido en 2011.

El documento incluye las orientaciones metodológicas y de enfoque acorde a los diferentes grupos etarios. Por ejemplo, para las edades entre 15 y 18 años incluye el rechazo a cualquier forma de discriminación y/o violencia, en particular las asociadas a la trata de personas con fines de explotación sexual, la violencia de género (incluida sus manifestaciones en el espacio digital), el abuso sexual, y el bullying homofóbico y transfóbico.

La aprobación del programa fue rechazada mediante comunicados de iglesias y grupos religiosos con una postura antiderechos de mujeres y comunidad LGBTI, cuya presencia en la sociedad cubana es cada vez más notoria y activa.

Otra de las limitantes identificadas en el análisis promovido por UNFPA en Cuba es el requerimiento de presencia y consentimiento de progenitores, tutores o representantes legales para el acceso a los servicios de interrupción de embarazo y de regulación menstrual.

Aunque las estadísticas apuntan a una cobertura de métodos anticonceptivos en el 60 por ciento de las mujeres entre los 15 y 19 años casadas o en unión; su uso se presenta irregular, así como su accesibilidad.

Se desconoce cuánto ha afectado la pandemia la disponibilidad de estos recursos anticonceptivos y el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva.

Los métodos más utilizados por las adolescentes cubanas son el condón masculino, el dispositivo intrauterino y la píldora; acorde a informaciones de 2015 del Ministerio de Salud Pública y UNICEF.

A finales de febrero de 2020, justo antes de empezar del brote de covid-19, la revista estatal Alma Mater publicó un reportaje sobre el desabastecimiento de condones masculinos. El equipo de periodistas se comunicó con 106 farmacias estatales de 75 municipios del país y solo en dos, ubicadas en la región occidental, estaban a la venta.

El equipo periodístico refiere que esta situación es reiterada, y cita otros momentos en que la prensa estatal ha abordado el problema: en 2014 y 2018.

Un año después de este reportaje, la escasez de preservativos ha hecho que su venta en mercados informales alcance precios increíblemente altos. Una caja de cuatro condones masculinos, los únicos que están disponibles, puede llegar a costar entre 15 y 60 pesos cubanos, lo que representa un aumento con respecto a su precio oficial de hasta 2900 por ciento.

En relación a los servicios especializados para la atención de salud sexual infanto-juvenil, que fueron instaurados en 1996 con las consultas municipales de Ginecología Infanto-Juvenil, el informe advierte que estos diseños deben prever con mayor intencionalidad las necesidades de los varones e, incluso, incorporar la perspectiva relacional de género.

También existe el Programa Nacional de Atención Integral a la Salud de Adolescentes (10-19 años), aprobado en el año 2000;  y desde el 2018 la Dirección Nacional del Programa Materno Infantil  de la cartera sanitaria adaptó y aprobó, con apoyo del UNFPA, los estándares de calidad para los servicios de salud integral a la adolescencia, con énfasis en la salud sexual y reproductiva.

La Isla vive hoy un proceso de reformas legislativas para que estas se adecuen entre otras cosas a las garantías constitucionales. Las políticas públicas deben por su parte garantizar el acceso equitativo a los derechos ya refrendados.

 

Recuadro I: Reformas legales en América Latina y el Caribe

 

País Edad Mínima Legislada Año de la reforma para establecer edad mínima a los 18 años
Argentina 16*
Bolivia 16*
Brasil 16*
Chile 16
Colombia 14*
Costa Rica 18 2017
Cuba 14 niñas / 16 niños*
Ecuador 18 2015
El Salvador 18 2017
Guatemala 18 2017
Honduras 18 2017
México 18 2015- 2020 (se fija en las 32 entidades federativas)
Nicaragua 16*
Panamá 18 2015
Paraguay 16
Perú 14
República Dominicana 18 2021
Uruguay 16
Venezuela 14 niñas / 16 niños

 

* Con autorización judicial o de los representantes legales.

 

Consultas realizadas:

  • http://www.almamater.cu/revista/la-saga-de-los-condones
  • Las uniones tempranas y el embarazo en adolescentes. Desafíos y compromisos con la salud sexual y reproductiva de adolescentes .Dra. Francisca Cruz Sánchez, responsable del Grupo de Trabajo para la Salud Adolescente del Ministerio de Salud Pública. 1 de julio de 2020.
  • Análisis sobre legislaciones y políticas que afectan el acceso de adolescentes y jóvenes a los servicios de SSR y VIH en América Latina. UNICEF y UNFPA, 2015.
  • Diagnóstico sobre incidencia de legislaciones y políticas en el acceso de adolescentes y jóvenes a servicios de salud sexual y reproductiva en Cuba. UNFPA 2020.
  • La adecuación normativa a la convención de los derechos del niño en América Latina. Avances y Deudas con la niñez, 2019.
  • Prácticas Nocivas: Estudio sobre el matrimonio infantil y las uniones precoces en Ecuador. CARE – CIESPAL – CASA OCHÚN. Cofinanciada por la Unión Europea.
  • Cambio de legislación sobre la edad de matrimonio: Experiencias exitosas y lecciones aprendidas de América Latina y el Caribe. Comisionado por ONU Mujeres, 2016.
  • Perfil del matrimonio infantil y las uniones tempranas en América Latina y el Caribe. UNICEF.

Estado de la población mundial 2021. UNFPA.

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